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El treinta y uno de octubre de 2007, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección Segunda, presidida por Don Javier Gómez Bermúdez, dictó la sentencia número 65/207 relativa a la causa procedente del Sumario n.º 20/04, instruido por los atentados ocurridos en Madrid el once de marzo de 2004.Entre los condenados figuraban el asturiano y ex trabajador de Mina Conchita José Emilio Suárez Trashorras, a quien el Tribunal impuso 34.715 años de prisión como responsable en concepto de cooperador necesario en la ejecución de los atentados, el marroquí Rafá Zohuier, con una pena de 10 años de prisión en concepto de autor de un delito de tráfico o suministro de explosivos, y algunos compinches del primero condenados a entre 3 y 5 años de prisión por los delitos de suministro o de tráfico de explosivos.Dichas condenas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo el diecisiete de julio de 2008, instancia que, a raíz de la estimación parcial de las impugnaciones en relación con el acusado Antonio Toro Castro (cuñado de José Emilio Suárez Trashorras y también asturiano), impuso a éste la pena de 4 años de prisión como autor de un delito de tráfico de explosivos. Trashorras había sido confidente de un miembro de la Comisaría de Policía de Avilés, y Zohuier, de la UCO, una de las Unidades de élite de la Guardia Civil Por otra parte, durante 2001, 2002 y, sobremanera, 2003, tanto la UCO como la Policía de Gijón y las dos Comandancias de la Guardia Civil de Asturias recibieron soplos y testimonios y manejaron datos según los cuales Trashorras y Toro pretendían colocar en ambientes delictivos de Madrid cantidades muy importantes de explosivos sustraídos de una explotación minera asturiana que, a lo último, resultó ser Mina Conchita.Es obvio que nuestra sociedad tiene una deuda moral con las víctimas del terrorismo; pero en el caso de las ocasionadas el 11M, a esa deuda se une otra de cariz perverso y ruin que no se saldará hasta que la propia sociedad española, con toda seriedad y rigor y a través de los medios propios del estado democrático que creemos constituir, averigüe y se explique a sí misma y explique a las víctimas qué sucedió para que, habiendo estado en manos de los Cuerpos de Seguridad el evitarlo, se perpetrara tan horrible crimen. Asignamos a esta deuda un cariz perverso y ruin porque ni del Sumario n.º 20/04, ni de ninguna diligencia policial o judicial relativa a los atentados del 11M se dedujo siquiera testimonio al objeto de saber por qué no fueron detenidos entonces quienes ya comerciaban a lo grande con explosivos y habrían de proporcionar a los terroristas los que sirvieron para reventar los trenes.Y también porque, en lo que a medios de comunicación y a partidos políticos se refiere, entre los primeros, unos utilizaron las actuaciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado anteriores al atentado para justificar teorías sobre conspiraciones y tramas y la participación de ETA, y otros para refutarlas; y los segundos, como medios de ataque o de defensa entre sí. Pero ninguno lo hizo en función de analizar por qué pudiendo haberlo hecho incluso sin gran dificultad, el Estado no protegió a los ciudadanos. El objetivo del trabajo que ahora presentamos es contribuir, siquiera humildemente, a evitar que este estado de cosas se enquiste y corroa aún más nuestro ya muy deteriorado sistema democrático.Para ello, nos proponemos responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que un anárquico puñado de delincuentes barriobajeros —tan escasos de inteligencia como de la infraestructura necesaria para fines delictivos de más alcance que el de trapicheo con droga, y entre los que se encontraban un soplón de la Policía y otro de la Guardia Civil—— haya sido capaz de proporcionar la dinamita utilizada en el colosal atentado del 11M después de haber sido denunciado por tres fuentes distintas entre sí y, en consecuencia, investigado y controlado por Unidades de los Cuerpos de Seguridad del Estado altamente cualificadas
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